Diputados. El Gobierno y los dialoguistas buscan un dictamen común, pero siguen las diferencias en Ganancias y privatizaciones

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Tras siete meses de trabajosas negociaciones con el Gobierno, los bloques de oposición dialoguista de la Cámara de Diputados se aprestan a poner punto final al farragoso trámite parlamentario para ofrendarle a Javier Milei su Ley de Bases y el paquete de reformas fiscales. Ya no hay más margen para dilaciones para el oficialismo ni para la oposición, que quiere finiquitar este jueves el debate con tal de que el presidente deje de justificarse en las dilaciones del Congreso y se aboque a los problemas de su gestión.

El Gobierno y los bloques de oposición dialoguista reanudan este lunes las negociaciones con la intención de confluir en dos dictámenes comunes, uno por cada proyecto aprobado. Si bien se avanzó sobre qué modificaciones se aceptarían del Senado y cuáles, por el contrario, se desecharían para insistir con la media sanción original de Diputados, todavía hay puntos no resueltos. Los más espinosos son la restitución del impuesto a las Ganancias –que fue rechazado por el Senado- y las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA), capítulo este último que genera tensiones internas en los bloques.

Sobre el debate sobre el impuesto a las Ganancias sucede algo curioso: el grueso de los opositores dialoguistas está de acuerdo con que sea restituido por considerarlo uno de los tributos más progresivos del sistema, además de redundar en más recursos a las provincias por tratarse de un impuesto coparticipable. Por eso lo avaló en la media sanción del paquete fiscal. Pero ahora, tras el rechazo del Senado, algunos de ellos retacean sus votos e incluso lo condicionan. La votación final se prevé mucho más ajustada que cuando aprobaron la media sanción.

¿Por qué el cambio de actitud? La respuesta tiene razones políticas y electorales. Lo explica sin tapujos una diputada radical bonaerense que tiene como principal adversario al gobernador kirchnerista Axel Kicillof. “Tres veces en menos de un año voté por la aplicación del impuesto a las Ganancias. Si voto a favor otra vez le termino haciendo un favor a Kicillof, yo pago el costo político mientras sus diputados de Unión por la Patria hacen demagogia votando en contra”, se queja.

Los dialoguistas se fastidian con la idea de ser ellos los únicos que paguen otra vez el costo político de afectar a casi un millón de trabajadores mientras el presidente Milei se hace el desentendido. Si bien es cierto que se trata de una demanda de los gobernadores –como se excusa el Gobierno-, también lo es que el Tesoro se vería harto beneficiado con la recaudación.

En efecto, si la Cámara baja insiste en restituir Ganancias tal como lo avaló en la media sanción, las arcas del Tesoro se verían engrosadas en unos $973.323 millones (0.16 del PBI, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso). Las provincias, en tanto, se repartirían casi un billón y medio de pesos anuales (0.24 PBI).

El jefe del bloque radical Rodrigo De Loredo, en un largo hilo de twits, anticipó el acompañamiento de su bancada a las dos iniciativas del Gobierno, pero insistió en demandarle un gesto al Gobierno respecto del impuesto a las Ganancias.

“La restitución de la cuarta categoría de Ganancias tiene que ser un pedido explícito del gobierno, que decidió demagógicamente eliminarlo junto con Massa en el proceso electoral -sostuvo-. Nosotros nos opusimos y ya lo hemos acompañado tres veces. Es inédito que un espacio político que no desea integrar el gobierno, por cuarta vez esté dispuesto, por responsabilidad y cooperación, a aumentar este impuesto, pero debe haber un pedido claro que el Ejecutivo lo necesita para sus objetivos económicos. Solicitado esto, no tenemos inconvenientes, ya que lo que votamos una vez lo hicimos a conciencia”.

¿Qué sucederá si ese pedido del Gobierno no llega? “Y, las cosas pueden dificultarse en la votación, va a ser muy ajustada”, advierten en el radicalismo como en Hacemos Coalición Federal, que comanda Miguel Pichetto. “No queremos trabar nada, pero tampoco estamos para hacerle la tarea gratis al Gobierno, que nos trata de ‘ratas’ y ‘degenerados fiscales’. Sería justo un gesto de agradecimiento al menos”, deslizan en esa bancada.

Sobre el futuro de Aerolíneas, Correo Argentino y RTA el Gobierno desconoce un acuerdo con la oposición en el Senado para excluir de la lista de empresas a ser privatizadas y, en la voz de Guillermo Francos, ratificó su interés en que pasen a manos privadas.

Este giro del Gobierno tensionó la relación entre los bloques de diputados y senadores de la UCR. “Desde el bloque de senadores radicales logramos modificaciones de relevancia, como las que se hicieron al capítulo de privatizaciones, para resguardar organismos de importancia estratégica federal”, clamaron desde la Cámara alta.

De Loredo tiene otra mirada. “Nuestro bloque ya por una amplia mayoría, se expresó al respecto. Es inconcebible que una empresa aérea que tiene un déficit diario de 1.400.000 dólares sea sustentado por los sectores más humildes para que viajen los más pudientes con tarifas subsidiadas. Las rutas menos comerciales pueden ser cubiertas por las exigencias regulatorias por las empresas privadas. Son falsos los argumentos contrarios”, expresó.

Empero, la postura del cordobés no es unánime en su bancada. “Deberíamos respetar lo votado en el Senado en este punto. Si el Gobierno quiere privatizar Aerolíneas, que presente un proyecto de ley puntual al respecto”, sostiene el santafecino Mario Barletta.

El kirchnerismo, al acecho

El kirchnerismo sigue de cerca las diferencias en los bloques dialoguistas y espera agazapado. Su equipo prepara todo un menú de argumentos constitucionales y reglamentarios para complicar el debate en las comisiones y en el recinto y, eventualmente, acudir a la Justicia si ambas leyes resultan finalmente sancionadas.

Montados sobre los fundamentos constitucionales que esgrimieron un conjunto de juristas, los kirchneristas objetarán la restitución de Ganancias y la rebaja en Bienes Personales con una interpretación propia del artículo 81 de la Constitución Nacional, que versa sobre el trámite y la sanción de las leyes: sostendrán que, al haber sido ambos rechazados por el Senado, el oficialismo no tiene atribuciones constitucionales para insistir con la media sanción de Diputados.

“No puede insistir respecto de los tramos normativas que fueron rechazados o no tratados por la Cámara revisora”, planteó el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Su colega Gustavo Ferreira fue más allá. “En caso de insistirse (sobre ambos artículos rechazados), la inconstitucionalidad en el proceso de formación de la ley que se vislumbrará será tan manifiesta, al nutrirse de la irracionalidad y la antijuridicidad, que abriría las puertas a las demandas judiciales enderezadas a la declaración de nulidad e inconstitucionalidad”, sostuvo.

Esa no es la postura de la mayoría de la Cámara. “El rechazo a un artículo configura en sí una modificación al texto, por lo tanto la Cámara de origen puede insistir en la redacción original. Sobran los antecedentes jurisprudenciales que sostienen esta mirada”, asevera Silvia Lospennato, diputada de Pro, una de las máximas espadas que blandirá el oficialismo en el recinto resistir la ofensiva kirchnerista.

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