Cuáles son los dilemas del Gobierno en torno al congelamiento de tarifas

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La decisión del gobierno del presidente Javier Milei de volver a postergar los aumentos en las tarifas de los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural generó reacciones diferentes entre los especialistas, que se dividieron entre avalar la iniciativa por su impacto positivo en las finanzas de las familias y entre advertir sobre las consecuencias que podría tener en el resultado fiscal y, además, demorar tanto los incrementos de otros gastos prioritarios como también la rebaja o eliminación de algunos impuestos considerados distorsivos.

«Me parece importante que se hayan postergado estos aumentos y creo que también sería importante revistar cómo son calculados», manifestó a iProfesional Jorge Lapeña, presidente del Instituto Argentino de Energía General Mosconi (IAE), quien confió su «impresión» acerca de que «el gobierno había decidido aumentos por encima de los costos reales y esta postergación puede ser una oportunidad para revisar posibles errores, su es que los hubo».

Por su parte, el director de la consultora Econométrica, Ramiro Castiñeira, minimizó la importancia de la decisión de no aplicar aumentos en julio, tal como ya se había dispuesto en mayo.»La pausa de agosto es un descanso después de haber aumentado las tarifas un 200%, no es que Milei esté cambiando de esquema o se arrepintió de que las tarifas tienen que reflejar el costo de producción; es nada más que una pausa«, señaló en declaraciones a iProfesional, luego de resaltar que, en materia de ajuste de tarifas y reducción de subsidios «lo que Macri tardó en hacer dos años y medio, Milei lo hizo en seis meses».

Impacto en las familias de las subas de tarifas

Para Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso, «es entendible que al Gobierno le preocupe el impacto que pueda tener una quita de subsidios en las finanzas de las familias, pero hubiera sido preferible no postergar la suba, sino morigerarla en el tiempo». Al respecto, explicó que «cuando uno posterga aumentos, se va agrandando la diferencia que se va acumulando entre lo que se paga y lo que cuesta el servicio; cuando haya que recuperar esa brecha, va a ser mucho más grande y por lo tanto también lo será el impacto en términos de reacomodamiento de los gastos de una familia».

«Hubiera ido aumentando de a poco para que de esa forma el reacomodamiento del gasto vaya siendo menos doloroso», consideró ante la consulta de iProfesional, al tiempo que abordó las asimetrías entre los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el Interior del país.

En ese sentido, adujo que «es sumamente injusto» que a alguien que vive en la Ciudad de Buenos Aires termine siendo subsidiado, aun cuando supuestamente no lo está: «Yo vivo en CABA y se supone que no estoy subsidiado, pero en realidad sí lo estoy en tanto no me suben la tarifa en función de lo que suben los costos; es probable que alguna vez me hayan sacado el subsidio, pero desde que empezaron a no aumentar las tarifas, me han vuelto a subsidiar».

Expertos de dividieron entre avalar la postergación de la suba de tarifas por su impacto positivo en las finanzas de las familias y advertir sobre consecuencias en el resultado fiscal

«Y eso no es gratis -argumentó- porque hay un contribuyente en otra parte del país que paga lo que corresponde y encima tiene que hacer un ajuste de sus finanzas para subsidiarme a mí. Es injusto, porque yo zafo de pagar mis gastos y hacer mi ajuste a cambio de que otro lo haga», completó.

Se postergará la baja de impuestos

Como consecuencia de la decisión de volver a postergar el ajuste tarifario, Abram advirtió que «muchos gastos que deberían recuperarse e impuestos que habría que bajar, no lo harán a la misma velocidad», en referencia, respectivamente, a jubilaciones y alícuotas impositivas. «Es el problema que se está gestando, cuanto menos aumenten ahora, lamentablemente menos podrán gastar en otras cosas en la que sí habría que gastar, y menos podrán bajar impuestos que habría que bajar, pese a que son absolutamente injustos y dañinos a la economía», remarcó.

Martín Kalos, director de Epyca Consultores, aportó otra visión al sostener que «hay un problema que excede el costo fiscal o el impacto inflacionario y es que el Gobierno está yendo en contra de su ideología al demorar la suba de tarifas e intentando jugar con lo que las encuestas le dicen, que es ya un problema para mantener cierto apoyo social».

«La inflación deja de bajar, se estabiliza en niveles mensuales altos, en torno al 4% y 5%, el salario no se recupera, se suma el desempleo y no hay un horizonte de recuperación a la vista para el mercado interno», añadió. En ese marco, Kalos dijo a iProfesional que con la postergación de los aumetos, «el gobierno intenta ganar tiempo para ver cómo avanza, sin tener en claro qué política económica quiere hacer; no entiende que le esta faltando política productiva, de ingresos, de desarrollo».

«Cuánto puede ‘patear’ los aumentos de tarifas, dependerá de cómo vayan jugando todas estas variables: entramos en una etapa pragmática en la que el gobierno tiene que evaluar cómo usa esa manta corta, porque si intenta que la inflación no suba, eso implica más déficit fiscal y si eso ocurre habrá problemas en otras variables, como la brecha cambiaria. No tomó las medidas que tenía que tomar y ahora tiene que bailar con qué variable tocar en cada mes», concluyó.

El Gobierno mantuvo desde su primer día de gestión la decisión de reducir los subsidios, pero la intensidad de esa política no fue uniforme en los siete meses transcurridos. Pocos días después de asumir como ministro de Economía, Luis Caputo había adelantado en declaraciones televisivas que la reducción se efectuaría en tres tercios entre 2024 y 2026 aunque sin precisar si se haría de manera homogénea entre los destinados a la energía (electricidad y gas) y al transporte (colectivos y trenes).

Pocos días después de asumir como ministro, Luis Caputo había adelantado que la reducción de tarifas se efectuaría en tres tercios entre 2024 y 2026

En enero, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, anunció en una audiencia pública que comenzaría a aplicarse una Canasta Básica de Energía en reemplazo del esquema vigente desde junio de 2022, que estableció la segmentación en tres niveles en función de la capacidad económica de los usuarios. Pero posteriormente la misma Secretaría estableció un periodo de transición entre junio y noviembre, con la posibilidad de una prórroga por otro semestre, postergando la entrada en vigencia de la CBE para diciembre de este año o -eventual prórroga mediante- junio de 2025.

Un congelamiento que se postergó en mayo, julio ¿sucederá en agosto?

Previo a esa decisión, ya se había dispuesto el congelamiento de tarifas en mayo, en atención al impacto que los aumentos tarifarios venían teniendo en el inicio de la gestión de Milei y Caputo. El período de transición tuvo su primera interrupción en su segundo mes de puesta en marcha, con la decisión de un nuevo congelamiento en julio, que derivó el aumento previsto para el mes siguiente.

A pesar de acusar una caída real (es decir, deducida la inflación) del 33% en la comparación interanual, los subsidios a la energía continúan siendo uno de los gastos más importantes de la Administración Pública Nacional. Según la información disponible en el SIDIF (Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Economía), en el acumulado de los primeros cinco meses de 2024 representaron un gasto de $2.354.884 millones, equivalentes al 23,2% del total de las transferencias corrientes estatales, más del doble de los recursos destinados a la Asignación Universal por Hijo (AUH), el cuádruple de los derivados al ex Potenciar Trabajo y veinte veces más que los fondos para becas estudiantiles.

Los fondos destinados a los subsidios energéticos son similares a los recaudados por dos tributos que están en la mira del gobierno, que anunció en varias ocasiones su intención de reducirlos y, en una etapa posterior, eliminarlos: entre enero y mayo, los ingresos por el impuesto PAIS ascendieron a $2.406.252 millones y por derechos de exportación se alcanzaron los $2.176.364 millones.

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