Los funcionarios del gobierno de Javier Milei saben que se mueven en un tablero de ajedrez muy angosto, con escasas opciones de hacer malas jugadas. Y si acumulan errores, son conscientes de que cualquiera de los componentes del triángulo de hierro de La Libertad Avanza, en especial Santiago Caputo, no tiene contemplaciones. Hay una meta: copar de leales al Gobierno, algo que quedó al descubierto con el despido de Rodolfo Barra a la Procuración del Tesoro y sus posibles reemplazos.
A medida que fueron transcurriendo los meses de gestión, el asesor presidencial fue ganando poder de decisión en la administración libertaria, siguiendo movimientos de funcionarios de varias carteras, generando relaciones y cocinando determinaciones que son convalidadas por un jefe de Estado que se mantiene al margen del día a día, enfrascado en los números que le ofrece la macroeconomía y trabajando desde Olivos. Como sucede desde el 10 de diciembre de 2023, jornada en la que asumió la jefatura de Estado, pisa muy poco Balcarce 50.
Bajo ese marco, comenzaron a irse de la administración libertaria aquellos que chocaron de frente con el consultor y aparecieron en los organigramas funcionarios que responden directamente a él, sin lugar a discusiones. La lista de los eyectados por haber tenido cortocircuitos con Caputo es extensa y algunos nombres que la componen son los de Nicolás Posse, en la jefatura de Gabinete, Mario Russo, en el Ministerio de Salud, Diana Mondino, en la Cancillería, Silvestre Sívori, en la extinguida AFI, Ignacio Yacobucci, a cargo de la UIF, y el último viernes fue el turno de Barra, que en el comienzo de la era Milei tuvo bastante protagonismo: fue el encargado de trazar la estrategia de defensa del polémico megadecreto 70/2023 que tuvo una ola de amparos.
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El experimentado abogado, desde el momento en que su área sacó un dictamen que molestó al entorno de Milei (en concreto, avaló el pedido de una empleada del Ministerio de Justicia para cobrar un incentivo de parte de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina), se mantuvo en silencio y no contestó ninguno de los cuestionamientos que le lanzaron desde las filas libertarias, que iban desde los viajes a Punta del Este, su residencia permanente en España hasta su última acción siendo funcionario, que contó con su aval, pero no tuvo la firma. Quien rubricó la decisión final fue Marcos Serrano, el subprocurador, un hombre de su íntima confianza desde que pisó la Procuración.
Y los nombres que aparecieron como reemplazos a cada expulsado, como Mario Lugones en Salud, Gerardo Werthein en Cancillería y Sergio Neifert en la denominada SIDE, entre tantos otros, son aquellos que tienen un excelente vínculo con Caputo y suelen asistir al primer piso de la Casa Rosada, lugar en el que se encuentra la oficina del poderoso integrante. Incluso, aquellos que comenzaron a sonar como sustitutos de Barra tienen algún vínculo o comparten pensamiento “liberal” con el jefe de Estado y su asesor. La lealtad es indispensable y requisito fundamental para formar parte del elenco de Milei.
En un comienzo, mientras fluían las críticas hacia Barra, el primer nombre en generar ruido fue el de Ricardo Manuel Rojas. Un abogado y exjuez, dedicado a dar clases en distintas universidades, que escribió un libro denominado “La inflación como delito” que despertó en Milei admiración, hasta tal punto que lo quiso conocer hace 10 años y en la actualidad mantiene diálogo.
Pero, con el correr de las horas, desde Balcarce 50 se encargaron de instalar otros dos apellidos. Uno, es el de Santiago Castro Videla, un egresado de la Universidad Austral quien ejerce trabajos en el estudio Bianchi, Galarce y Castro y que en marzo dijo que todos los presidentes usaban de manera intensiva los decretos. Una manera de defender las decisiones del Presidente en el inicio de su gestión. Otro de los apuntados es Carlos Laplacette, un egresado de la UBA, especialista en derecho de Daños de la UCA y miembro del estudio Cassagne Abogados. Este último nombre que trascendió desde los principales despachos de la Casa Rosada hizo ruido ya que el bufete que integra está en la mira del propio Santiago Caputo por sospechas de asesorar a dirigentes de la Sociedad Rural que presionarían al Gobierno para devaluar y por negocios con la Hidrovía.
Hay otro casillero que en las altas esferas de LLA quieren conquistar aunque saben que será difícil en el mediano plazo: el de la Procuración General de la Nación. La jefatura de fiscales se encuentra ocupada de manera interina desde 2018 por Eduardo Casal y en Balcarce 50 tienen en mente que sea ocupada por Sebastián Amerio, el viceministro de Justicia y funcionario que responde directamente a Santiago Caputo.
Fuentes libertarias le bajan decibeles a la posibilidad, pero no lo descartan y añade que solo habrá chance de que Amerio acepte una postulación si se lo piden expresamente desde el triángulo de hierro y si hay consenso con la oposición. Mientras que en Capital Humano, cartera que está en manos de Sandra Pettovello, precisan que hay tregua entre la ministra y el asesor después de choques constantes por la efectividad de la gestión y por el desembarco en áreas clave de funcionarios de Caputo, como en Educación y Trabajo. Las internas en LLA no fueron gratuitas y generaron el despido de 115 funcionarios desde 2023.