En un plenario, la Cámara Nacional en lo Civil se «rebeló» al fallo que la Corte Suprema que obligaba a recurrir sus sentencias ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires antes de llegar al máximo tribunal del país. Ahora, podrían sumarse otros fueros, mientras los cuestionamientos de otras instituciones vinculadas a la justicia nacional no cesan.
En concreto, a través de un plenario, los camaristas remarcaron que «no pueden recurrirse las sentencias de los jueces nacionales en lo civil por ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires».
La Corte, en el fallo «Levinas» cuestionado, recordó que la Ciudad de Buenos Aires se encuentra en una situación irregular, ya que a pesar de lo establecido en el artículo 129 de la Constitución Nacional, en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y de los compromisos asumidos por las autoridades legislativas nacional y locales para traspasar las competencias judiciales, aún coexisten la justicia local y la nacional en la llamada competencia ordinaria (civil, comercial, laboral y penal).
Se espera en el corto plazo el pronunciamiento de los otros fueros. El debate de fondo es acerca de si los jueces nacionales pasarán sus causas para que sean revisadas por la justicia porteña, lo que implicaría reconocer el traspaso de sus competencias a la justicia de la Ciudad, una decisión que se dispuso en la reforma constitucional de 1994, con la autonomía porteña.
El fallo fue fuertemente cuestionado por los jueces de varias Cámaras Nacionales de CABA, quienes ya convocaron reuniones para definir una estrategia frente a la decisión del máximo tribunal del país. Argumentan que la sentencia le otorga al Tribunal Superior porteño la facultad de revisar sus sentencias.
Fallo «Levinas»: se suman los cuestionamientos a la Corte Suprema
Los camaristas civiles dijeron que el máximo tribunal desconoció mediante su decisión la Constitución Nacional y decidió más allá de sus facultades constitucionales reemplazando al Congreso. Mencionaron, además, que en el «caso Levinas» la Corte incurrió en «errores -tanto procesales como argumentales- de tal magnitud, que impiden considerar que, en este caso concreto, puedan tener un efecto vinculante –aunque más no sea atenuado- para este tribunal».
Además, la Cámara Nacional en lo Comercial solicitó la convocatoria a un plenario para evitar sentencias contradictorias entre sus salas, lo que refleja la magnitud del conflicto.
Hace unos días, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación (AMFJN) pidió a la Corte Suprema que «revoque» el fallo «Levinas» que da poder al Superior Tribunal de Justicia de CABA para revisar los fallos de la justicia nacional y que se suspendan los efectos de todas las decisiones en las que el TSJ porteño sea el revisor de las resoluciones de jueces nacionales.
Además, informó que se llevaron a cabo reuniones con el Procurador General interino, la Defensora General de la Nación, representantes gremiales y la Corte.
También, presentó un recurso de revocatoria ante la Corte y dos medidas cautelares contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para frenar el traspaso de competencias judiciales. La Asociación ratificó su compromiso con la defensa de la Justicia Nacional.
La coexistencia de la justicia nacional y local en competencias ordinarias sigue siendo un tema pendiente, y la resolución de este enfrentamiento dependerá en gran medida de las decisiones que adopten el Congreso Nacional y la Corte Suprema en los próximos meses.
En tanto, el Procurador General interino, Eduardo Casal, envió una carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, sugiriendo que suspenda la aplicación del Fallo Levinas, hasta tanto se resuelva normativamente la restricción que impide al Ministerio Público Fiscal llevar a cabo la nueva actividad procesal ante el fuero porteño.
En la causa «Levinas», Casal había dictaminado que «no incumbe al Poder Judicial realizar por vía pretoriana traspasos de competencias nacionales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
Luego, en su nota al máximo tribunal, esgrimió que, tal como se lo ha dispuesto, el Ministerio Público Fiscal se sumerge en una situación en la que se podrá ver impedido de cumplir con sus funciones legales y constitucionales en los procesos que tramitan ante la justicia nacional con competencia sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Es que, según su punto de vista, el Ministerio Público Fiscal no tiene, según las normas que rigen su competencia, legitimidad procesal para intervenir ante el máximo tribunal porteño sino que lo puede hacer solo ante tribunales nacionales.