El manual enseña que “lo perfecto en estrategia será producir una decisión sin llegar a ningún combate serio” (Liddell Hart). La dimensión de la derrota en la batalla de la Corte demostró que el gobierno tiene la pólvora mojada.
No le funcionaron ni las tribus amigas en la oposición ni agitar el morral ante el hocico de los gobernadores. Algo ha cambiado desde la votación del jueves pasado en el Senado y parecen agotadas las herramientas de persuasión que Olivos empleó hasta ahora para amedrentar a sus adversarios.
El principal daño se lo hace el propio gobierno. Jugó al victimismo como minoría y sacó, en porcentaje de votos, un margen similar al que obtuvo en las urnas en 2023.
Le hace un daño difícil de reparar al programa económico, que ha tenido apoyo de la mayoría de las fuerzas con representación legislativa, al debilitar la seguridad jurídica. Heredó una Suprema Corte fuerte y con probada resistencia al poder político, que es la garantía de que previsibilidad para quienes hacen negocios y defienden derechos.
Construyó debilidad donde había fortaleza, más si la deja con un cuarto juez a tiro de amparos si firma sentencias sin acuerdo del Senado. Para el tratado del inútil combate que imaginó la Yourcenar.
Los candidatos, también víctimas
En lo táctico, logró alinear a todos los adversarios que han hecho fila para cachetearlo. El gobierno, ensimismado y endogámico, no le ganó a nadie y perdió con todos. Una torpeza de aficionados.
Es algo que hay que evitar y más cuando sos minoría. De paso, lesionó el prestigio de los candidatos. Los exhibió en la vidriera irrespetuosa y no los supo defender. Prefirió alimentarse del victimismo para sostener las patrañas de campaña sobre la casta y otras zonceras.
Lijo y García Mansilla han quedado deteriorados en su prestigio por esta derrota de la política, que es un oficio para hacer amigos, no enemigos que ahora van a ejercer venganza por este agravio de subirlos al cadalso a cambio de nada, porque fallaron en defenderlos. Pueden reclamarle a Olivos resarcimiento por daño moral y lucro cesante.
Lijo o el pacto de sangre
La derrota en cubrir las vacantes de la Corte derrumba dos pilares de la gestión institucional del gobierno, que se explican en las personalidades de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.
Lijo representa el momento fundacional del mileísmo en las oficinas del abogado Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza, adonde los candidatos de 2023 debían ir a firmar el consentimiento.
En esa sede orbitaba la figura de Lijo a través de parientes y amigos, que extendían sus relaciones a la demografía de los jueces federales de la Asociación de Jueces Federales (Ajufe) inspirada por Ricardo Lorenzetti y el propio Ariel Lijo, y también hacia las aguas profundas del espionaje criollo, que no se fue y aún los guía.
Llevarlo a la Corte significaba para el grupo Viola un armisticio entre la dirigencia política y los jueces federales después de 30 años de conflictos en los que la justicia siempre le ganó a los políticos.
Desde el tardomenemismo de finales de los años ’90 hasta el fernandismo de 2019-2023, la política amenazó con una purga en la justicia federal. Nunca pudieron con ellos. Milei justificó el nombre de Lijo cuando dijo que era un hombre que conocía como pocos la justicia por dentro. Era el mismo argumento de la corporación judicial que patrocinó, con Lorenzetti a la cabeza, su nominación.
Mansilla, un hombre del pozo
El rechazo de García Mansilla derrumba otro pilar clave de la institucionalidad del gobierno de Milei: era el seguro que necesitaba para disipar el fantasma de que la Suprema Corte frena los grandes proyectos de inversión que circula el gobierno bajo el rótulo de los RIGI, y otros que empuja bien flojo de papeles.
El gobierno más débil de todos los que ha tenido el país desde la transición democrática ha elegido administrar en el borde de la legalidad. Es su principal error político.
Sin muchos votos (apenas el 29% propio de la primera vuelta), sin respaldo territorial ni legislativo, pretende legislar con medidas de emergencia, decretos de necesidad y urgencia y otros tipos de órdenes ejecutivas como no pagar las deudas o paralizar las obras públicas.
El emblema de esa precariedad es que rehúye el debate del presupuesto y se atiene al cálculo de gastos del gobierno de Fernández-Massa de 2022, prorrogado por segundo año consecutivo.
Para respaldar esas fragilidades es necesario un hombre como García Mansilla, cuyos antecedentes lo ligan a la industria petrolera. Trabajó como abogado de empresas y es un garante, como profesional, de la ingeniería de los contratos de las grandes empresas del sector.
Desde 2014 es el director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos. En la jerga de esa actividad, es casi un hombre de pozo.
Ojo al espejo de Macri 2017
El daño que se ha infringido le será difícil de reparar. Es una señal letal para el mercado, que ha tomado nota no ya de la debilidad que ha mostrado para la disputa política (en la que Macri le ha dado un golpe letal), sino que ha perdido la posibilidad de blindar legalmente el paquete de inversiones del que depende el programa de gobierno.
Su caída, aunque rebote hasta noviembre, sigue a otra pérdida clave para el gobierno que fue la renuncia de Rodolfo Barra como abogado del Estado. El aporte del ex Procurador del Tesoro era invalorable y era uno de los funcionarios más importantes del gobierno.
Como García Mansilla, es un veterano en la ingeniería de los contratos con el Estado. La torpeza política suele cobrarse en el terreno de la economía. Le ocurrió a Macri, cuya administración dependía de los míticos contratos de Participación Público Privada.
La malandanza que siguió a las elecciones legislativas de 2017 convencieron al público y a los mercados de que el plan no tenía sostenibilidad ante la sequía; la fortaleza del peronismo cristinista; el flight to quality de las inversiones de los emergentes hacia los Estados Unidos del primer Trump; y el escándalo de la causa cuadernos.
Este affaire, comprometió a un seleccionado de empresas y ahuyentó a los inversores de afuera, que deshicieron lentamente sus contratos.
La hora de los acuerdos
Lo más valioso que pudo escuchar el gobierno del debate en el Senado estuvo contenido en las exposiciones de los dos caciques que controlan la Cámara.
Juan Carlos Romero, coordinador de «Los 38» senadores del no pejotismo, y José Mayans, jefe del interbloque del peronismo, defendieron la necesidad de que después de este revés el gobierno tiene que sentarse a negociar algún acuerdo que le permita seguir gobernando dentro de la ley.
La coincidencia viene de dos senadores que saben lo que ha perdido el gobierno en esta batalla, que no se limita a la retórica de los discursos ni a la capacidad de seguir amenazando al “centrao” con el escrache por acercarse al peronismo que llaman kirchnerismo.
El contrapunto entre los dos fue un reclamo de diálogo. Romero: «Las leyes y la Constitución fueron creadas en una época de partidos fuertes y diálogo político, en el liderazgo de esos dos partidos que significó una reforma de la Constitución aceptada, la única reforma que tuvo consenso del principio hasta el final; porque reconozcamos que ni siquiera la del 53, que tanto valoramos, tuvo la aceptación de la provincia de Buenos Aires hasta el 60, donde impusieron sus reglas (…). Que concluya esta sesión y nos tomemos, a partir de esta sesión, el tiempo necesario para comprender y que haya un diálogo para salir de esto, que es gobernar por decretos».
Replicó Mayans: «Aspiramos, nunca es tarde. Hagamos el diálogo. Yo estoy de acuerdo. Siéntense el jefe de Gabinete, la vicepresidenta de la Nación, los presidentes de bloque y hablemos de qué vamos a hacer con la Justicia argentina en la que, más del 90 por ciento de los argentinos, no creen.»
El pacto para la nueva auditoría
Mayans aportó una herramienta que puede tokenizarse como pieza de negociación de algún acuerdo que permita romper el bloqueo político.
Es el proyecto de ampliación de miembros de la Auditoría General de la Nación con reducción del mandato. Busca crear nuevas posiciones para negociar en un país en donde la bipolaridad tradicional que rigió hasta finales del siglo XX no funciona más.
Pasar de seis a ocho integrantes aporta más sillas para un reparto que se puede sumar a un proyecto de ampliación de la Suprema Corte de 5 a 7 integrantes. El gobierno salió rápido y discreto a desalentar todo lo que sea crear cargos.
Como el proyecto de Mayans cayó bien en las otras bancadas del Congreso, Juan Carlos Romero aportó un nuevo formato a la reforma de la AGN, limitando los mandatos a la duración del período presidencial de 4 años y al de 6 de los senadores desde la reforma de 1994.
El argumento es que ese recorte asegura un mejor reparto entre bloques y evita que se formen mayorías que bloqueen. Romero intentará esta semana que el debate arranque en las comisiones del Senado y eso genere una mesa de acuerdos en donde se pueden desbloquear la Corte, la Procuración y el Defensor General.
Macri ganó la primera batalla
Le va a costar al gobierno bajar del alambrado a la oposición que festeja la derrota que le propinó al voltear los pliegos para la Suprema Corte. Mauricio Macri le ha ganado a Milei la primera batalla electoral, después de voltearle la licitación de la Hidrovía.
Ahora espera que la Bicameral que revisa las cuentas del Estado apruebe este martes la rendición del gasto correspondiente al año 2017. Esa comisión analizará los dos informes que recibió de la Autoría General de la Nación.
Uno, firmado por los integrantes que pertenecen al peronismo, se abstiene de opinar, en un gesto descalificante de la gestión de Macri. Otro informe de la minoría integrada por la UCR y el PRO le aprueba la ejecución, aunque con observaciones.
La Bicameral se reúne el martes con la presidencia de Miguel Angel Pichetto, que espera tener los votos para dejar por aprobados esos gastos. Los dictámenes de la AGN pueden ser materia de denuncias penales.
En la Argentina nunca han comprometido a ningún presidente, pero todos se han ocupado de que se los aprueben. En otros países un desliz en la ejecución del gasto le puede costar la cabeza a un mandatario.
El ejemplo más cercano es el de Dilma Rousseff. En 2016 fue destituida de la presidencia de Brasil por irregularidades en la ejecución del presupuesto. Algo que parece en un momento una nimiedad formal puede convertirse en una tragedia política.
Pánico por los rescoldos del criptogate
Algo de eso parece presumir el oficialismo, que espera aterrado la sesión del martes en Diputados en donde se tratarán varios proyectos de la oposición para crear algún tipo de comisión que investigue el CriptoGate.
También se tratarán proyectos para citar a funcionarios del gabinete a que expliquen ese affaire que el oficialismo insiste que ya pasó, no fue nada y que no tiene ningún interés ahondar.
Los diputados que agitan la bandera del CriptoGate entienden que bajo las cenizas han quedado rescoldos del caso, que exponen a Milei, su hermana y a otros funcionarios, que se avivarán ante el primer ventecico proveniente de la justicia de los Estados Unidos.
En la sesión del martes también se tratá un emplazamiento que le ponga fecha al tratamiento de una reforma previsional en la Comisión de Presupuesto. Hay varios proyectos que proponen fórmulas de compensación a quienes han quedado sin posibilidades de empalmar su condición después el cese de la moratoria que venció en marzo.