A cuatro meses de aprobar un nuevo acuerdo con Argentina, el 1° de agosto el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó la primera revisión del programa económico. El documento mantiene las proyecciones exóticas del anterior y hace caso omiso del grueso de problemas que experimentó la economía argentina en los últimos cuatro meses. Un waiver para las metas incumplidas, un poco de silencio sobre aquello que salió mal y un desembolso de US$ 2 mil millones.
El programa fue desprolijo desde el inicio. Aprobado en tiempo récord para salvar al Gobierno, que tenía un tipo de cambio que el mercado veía ajustado, un contexto internacional poco favorable y el BCRA en una situación crítica de reservas. Con la tablita exhausta, el Gobierno lanzó la fase III que trajo debajo del brazo financiamiento del FMI. El organismo aprobó un nuevo acuerdo de facilidades extendidas por US$ 20 mil millones en abril que vino con un desembolso inicial muy generoso de US$ 12 mil millones para llegar vivo a las elecciones de este año.
El FMI ya estaba sobreexpuesto con relación a la Argentina. Todo comenzó con Macri, cuando el organismo prestó una suma fuera de escala, justificada únicamente por el respaldo político de Trump al presidente argentino. El episodio 2.0 fue el que tuvimos en abril: un programa cerrado en tiempo récord, sin consenso alguno con otros sectores políticos, para salvar una situación muy frágil. Entre mediados de marzo y el 14 de abril, la corrida cambiaria le evaporó más de US$ 2.500 millones de reservas netas al BCRA.
El Fondo armó un escenario de proyecciones exóticas para justificar ese préstamo. La más delirante: un superávit comercial de US$ 18.400 millones en 2025. Los datos ya disponibles muestran que ese resultado es bastante inverosímil. Con la cosecha gruesa ya liquidada, el superávit comercial (base caja) ronda los US$ 5 mil millones y, en base devengado, apenas US$ 2 mil millones hasta marzo (Indec). Obviamente, este abultado resultado comercial explica el magro déficit de cuenta corriente proyectado en US$ 2.700 millones que espera el Fondo, pero que no deja de darse de patadas con la realidad. Según los datos del Indec, solo el primer trimestre del año acumuló un déficit del orden de los US$ 5.200 millones.
No hay forma de que esas cuentas cierren, y es difícil creer que el FMI no lo vea. El cierre del acuerdo y las proyecciones estrafalarias tuvieron un condimento político y trataban de evitar el colapso. Cuando se cerró el acuerdo, el déficit de cuenta corriente estaba corriendo al 3% anualizado. Las reservas netas del BCRA eran negativas por US$ 9 mil millones. El tipo de cambio real parecía corto para el mercado y más corto para las empresas que compiten con importaciones, y el Gobierno intervenía en el dólar oficial y el MEP y el CCL para sostener una situación crítica.
En el diseño, el programa trataba de arreglar ese desorden. La parte fiscal, aunque realizada a los hachazos, servía al objetivo de ajuste. Lo monetario necesitaba orden y claridad, pero, a todas luces, la parte más desprolija era el frente externo. Sin acceso al mercado de crédito internacional, con precios internacionales peores que en 2024, y un BCRA en la misma situación de reservas que al inicio de la gestión, las señales de que hacía falta un service urgente eran demasiado claras.
Cualquier esquema cambiario más flexible significaba algún grado mayor de flotación y, para eso, faltaban reservas. El sustituto para las reservas que el Gobierno no acumuló durante los primeros 16 meses del programa fue endeudarse con el FMI. El Fondo, sin mayores inconvenientes, fue el proveedor de los dólares para lanzar la supuesta Fase III.
Pasamos a un régimen de flotación entre bandas, con una meta de agregados monetarios. El desembolso inicial, de US$ 12 mil millones, fue mucho más generoso de lo esperado. En teoría, el foco de la nueva fase era darle más flexibilidad al tipo de cambio para recomponer las reservas del BCRA y evitar volver a un tipo de cambio que hiciera difícil argumentar que la Argentina no estaba cara en dólares.
No obstante, con la Fase III, nada de eso ocurrió. El Gobierno concentró todo su esfuerzo en evitar impactos inflacionarios, aunque implicara renunciar a los objetivos del programa. El manual libertario fue incendiado en tiempo récord. Vimos al ministro Caputo amenazando empresas para que retrotrajeran aumentos de precios, presionando a sectores del agro para liquidar e, incluso, al Presidente diciendo que no necesitaban comprar reservas si no era en el piso de la banda. Mejorar el tipo de cambio, comprar reservas o mejorar la calidad del ajuste fiscal pasaron a ser objetivos de segunda mano. Todo quedó sujeto a la contienda electoral.
Continúa mañana en El Fondo perdió cualquier poder de negociación