Según anunció ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), Metrogas consiguió un préstamo sindicado del Banco Galicia y el ICBC por $ 88.770.432.560 -$ 88.770 millones- para saldar totalmente los compromisos financieros previos con el mismo ICBC y el Banco Macro, así como la cancelación parcial de deudas comerciales con la estatal Energía Argentina (Enarsa) e YPF.
El crédito se tomó a Tasa Mayorista (TAMAR), hoy equivalente a 66% nominal y de 90% efectiva anual, con un margen de 8,5%, y se pagará en 9 cuotas trimestrales consecutivas desde noviembre 2025 hasta noviembre 2027.
Con todo, la empresa «se peina para salir mejor en la foto» que quiere sacar YPF de cara a su venta millonaria, que se oficializará después de que el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) concrete la extensión de su concesión de servicio público por 20 años -hasta 2047-.
La deuda financiera con el ICBC y el Banco Macro había sido tomada por 250 millones de dólares en 2018, antes de la crisis que enterró la posibilidad de Argentina de financiarse en el exterior y complicó el final del gobierno de Mauricio Macri. Pero desde 2020 empezó a reestructurarla y pesificarla, para alinear sus pasivos con la moneda de los activos (las tarifas que cobra son en pesos).
En la empresa se preocupan en destacar que el préstamo es menor a la mitad del EBITDA -el margen bruto de rentabilidad antes de intereses, impuestos y depreciaciones-, que en 2024 fue de 182 millones de dólares.
Metrogas, al igual que el resto de las empresas de servicios públicos de luz y gas, cuenta con un activo imprescindible que es la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT), un contrato por el que el Estado nacional se compromete a mantener constantes en términos reales las tarifas a cambio de inversiones.
Además, hasta noviembre de 2027 la firma obtendrá un aumento de 15% por encima de la inflación, distribuido en cuotas mensuales.
Aumento de tarifas de gas
La historia reciente de la Argentina muestra que la RQT se puede incumplir, como pasó con las revisiones tarifarias de 1999-2004 y las de 2017-2022. De los 32 años que pasaron después de las privatizaciones, solamente en 10 años se cumplieron plenamente los contratos. Es parte del riesgo país y el costo argentino.
Más allá de eso, la normalización del contrato de concesión y la extensión de la licencia son dos pasos que esperaba YPF, dueño del 70% de Metrogas, para sacar a la venta su participación. La prórroga se oficializará en breve. La ley que regula el gas (24.076 de 1992) prohíbe que una productora de gas controle la mayoría de una distribuidora.
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El otro accionista minoritario de la distribuidora, que tiene 2,5 millones de clientes, es José Luis Manzano, a través de Integra Capital, con un 9%, mientras que la Anses e inversores bursátiles detentan el resto.
En el mercado se mencionan como posibles compradores al propio Manzano -quien niega estar interesado en ampliarse-, a Marcelo Mindlin -dueño de Pampa Energía, aunque su negocio es la desregulación- y a Alejandro Macfarlane -titular de la distribuidora Camuzzi-, aunque no se descarta el interés de empresas extranjeras.