El escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo. La solicitud al presidente Javier Milei incluye la revisión de 14 procesos de contratación —tres directos y once licitaciones— que involucran a la droguería Suizo Argentina, de la familia Kovalivker, por un monto total de $8.823 millones.
Contratos bajo la lupa
En varios de esos procesos la empresa fue la única oferente, lo que levanta sospechas de falta de competencia y posibles maniobras irregulares. Según los propios denunciantes, los audios del exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, revelan “devoluciones” de entre el 3% y el 8% vinculadas a esas compras.
En paralelo, la Justicia allanó la sede de Osprera (la obra social del gremio rural) en busca de documentación por pagos a la misma droguería que superaron los $7.700 millones en apenas cinco meses.
El trasfondo del caso
El estallido comenzó con la difusión de audios en los que Spagnuolo hablaba de coimas y mencionaba a figuras del riñón presidencial, como Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem. Tras el escándalo, Spagnuolo fue desplazado de su cargo, ANDIS intervenida y se designó un nuevo interventor para auditar el organismo en un plazo de 180 días.
La Justicia, a cargo del juez Sebastián Casanello, prohibió salir del país tanto al propio Spagnuolo como a directivos de Suizo Argentina, entre ellos Jonathan y Emmanuel Kovalivker.
Mientras la oposición exige que se suspendan las adjudicaciones hasta que se aclare la causa, desde el oficialismo buscan relativizar el caso. “Lule” Menem negó cualquier vínculo con las contrataciones y denunció una “operación política” del kirchnerismo.
Un golpe a la credibilidad del gobierno
El pedido de revisión apunta a que, de confirmarse responsabilidades, tanto los funcionarios como los empresarios involucrados queden inhabilitados para futuras contrataciones públicas.
El caso pone en jaque el discurso anticorrupción del oficialismo: a pocos meses de iniciada la gestión libertaria, el manejo de casi $9.000 millones en licitaciones sospechadas de coimas amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos políticos del gobierno de Milei.
Para ello es necesario, la creación de una Comisión Investigadora independiente, que pueda avanzar hasta el final y que sean castigados todos los responsables.