El gobierno volvió a incumplir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, apenas tres meses después de haber obtenido una revisión favorable en junio. La novedad es que, pese a la flexibilidad que ya le había otorgado el organismo, la administración de Javier Milei recurrió nuevamente a maniobras que contradicen lo firmado. En este caso, la venta de dólares dentro de las bandas de flotación se realizó a través del Tesoro, en lugar del Banco Central, con el objetivo de contener la cotización previo a las elecciones bonaerenses.
La revisión de junio ya había dejado en claro que la Argentina había incumplido una primera vez. El economista Jorge Carrera explicó que entonces el Fondo concedió un “waiver” por la meta de reservas y reconfiguró la trayectoria futura hasta 2027. Se trató de un gesto político: el organismo aceptó postergar cualquier discusión hasta enero de 2026 y permitió que el gobierno accediera a un desembolso de 2000 millones de dólares. Para Carrera, fue una señal de que la prioridad del FMI no era la consistencia macroeconómica sino garantizar apoyo a un aliado en pleno calendario electoral.
El documento aprobado en el sexto mes del año mostró con claridad esa estrategia. Aunque se mantuvo la meta de reservas en 22.900 millones de dólares hacia 2027, se alteró el trayecto intermedio y se concentró un esfuerzo descomunal en 2026. Con el esquema cambiario vigente, advirtió Carrera, esa acumulación es prácticamente imposible. También se incrementaron las proyecciones de deuda pública y se aceptó un resultado fiscal con cálculos cuestionados, en los que se omitía el verdadero peso de los intereses. Todo ello fue avalado sin grandes observaciones, en un contraste notable con la dureza que el Fondo había mostrado durante la gestión de Martín Guzmán, al frente de la cartera económica durante la gestión anterior.
Esa primera revisión dejó al gobierno con un margen mayor para intervenir en el mercado cambiario. El staff del organismo de crédito se mostró condescendiente con la operatoria en futuros, aun cuando el Acuerdo original preveía un uso limitado a momentos críticos. También hubo una permisividad respecto al traspaso apresurado de instrumentos de deuda del Banco Central y a la utilización de utilidades extraordinarias del organismo para cubrir vencimientos. En síntesis, se consolidó un puente político para llegar a las elecciones sin exponer las tensiones de fondo.
Sin embargo, en septiembre el gobierno repitió el libreto. Esta vez el incumplimiento consistió en la venta de divisas dentro de la banda de flotación mediante el Tesoro, un atajo que contradice las reglas explícitas del programa. El Fondo había exigido que el Banco Central evitara intervenir directamente en el mercado, salvo cuando el tipo de cambio se acercara a los límites establecidos. Utilizar otro canal para frenar la suba del dólar constituye, en la práctica, la misma acción que se pretendía restringir.
El episodio ocurrió en la previa de las elecciones bonaerenses, cuando la cotización del dólar se acercó a la banda superior. La maniobra permitió ganar algo de tiempo, pero volvió a poner en evidencia la contradicción central del programa: las metas de acumulación de reservas son incompatibles con la estrategia de usar divisas para intervenir en la plaza. Según estimaciones de especialistas, finalmente el gobierno dejó avanzar el tipo de cambio hasta ese límite y este viernes ofreció alrededor de 200 millones de dólares para contenerlo.
El nuevo desvío muestra que la lógica del acuerdo no es técnica sino política. El FMI otorga recursos aun sabiendo que el país no puede devolverlos en los plazos comprometidos. La prioridad es respaldar a gobiernos alineados con su agenda, aun a costa de la sustentabilidad financiera. En 2018 fue el turno de Mauricio Macri, quien recibió un crédito récord de 45.000 millones de dólares que se utilizó principalmente para financiar la fuga de capitales. Ahora, el mismo mecanismo se repite con Javier Milei: desembolsos que sostienen la campaña electoral y permiten maquillar el frente cambiario.
La relación política quedó en evidencia con las palabras de la propia directora del Fondo. Kristalina Georgieva no ocultó su apoyo al actual presidente y llegó incluso a llamar a votar por Milei en la última contienda. Ese alineamiento refuerza la percepción de que la institución no actúa como un organismo multilateral imparcial, sino como un actor político que interviene de manera directa en la definición del rumbo económico de la región.
El caso argentino confirma una regla que se repite en la historia reciente: cuando el FMI busca hacer un favor político, flexibiliza sus criterios y tolera desvíos evidentes. Cuando no existe ese respaldo, en cambio, ejerce una presión extrema y llega a cuestionar hasta el último detalle de la contabilidad oficial. Esa selectividad explica por qué las metas hoy parecen secundarias frente al objetivo inmediato de apuntalar a un gobierno aliado.
La pregunta central es qué ocurrirá después de las elecciones. Tal como señaló Jorge Carrera, la verdadera discusión llegará recién en enero de 2026, cuando se realice la próxima revisión integral. Allí se pondrán sobre la mesa las metas de reservas, la reestructuración de la deuda y la necesidad de un nuevo esquema cambiario. Hasta entonces, el país seguirá transitando un acuerdo provisorio, con metas que se incumplen y con la certeza de que el respaldo del Fondo responde más a consideraciones políticas que a un plan económico viable.