Asedio a la libertad de expresión: qué opinan los periodistas sobre la reforma que deroga su estatuto

El año comenzó con un abanico de frentes abiertos por el gobierno que sugieren, más que una serie de medidas aisladas, un asedio calculado. El gobierno de Javier Milei inauguró un nuevo capítulo de su ofensiva contra los derechos democráticos más elementales, uniendo en un mismo acto la “batalla cultural” con la Reforma laboral esclavista. Nos referimos al intento de derogar el Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908) de 1946, un capítulo de la Reforma laboral (el artículo 193) que en estos días se está discutiendo en el Congreso, con derivaciones importantes, que han generado una fuerte reacción en los sectores de prensa y la cultura.

A comienzos de este mes el colectivo de periodistas de distintos medios, junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) publicaron una solicitada planteando que la propuesta del gobierno representa un retroceso histórico, “su derogación significaría un grave retroceso para la libertad de expresión, el derecho a la información”. Es decir, no solo se trata de una contrarreforma laboral sino de un ataque al derecho a la libertad de expresión y el marco legal que lo posibilita. Por eso, nos propusimos consultar a los que saben: así opinan los periodistas sobre una Reforma que los involucra especialmente pero nos afecta a todos.

Estatuto en jaque

Comencemos por el principio. ¿Por qué el periodismo cuenta con un Estatuto particular? Noelia Barral Grigera, periodista y conductora lo explicaba así: “Tenemos un Estatuto específico y particular porque nuestra profesión tiene especificidades y particularidades que no aparecen en otras profesiones. Esto no es que nos haga especiales ni mucho menos, muchas profesiones tienen sus estatutos particulares, todos siendo eliminados ahora en la misma reforma laboral en la que el gobierno deroga el Estatuto del periodista. Es decir, hay prácticas, saberes, conocimientos, formas de ejercer un oficio que tienen particularidades para la relación laboral, y por eso, como son particularidades no aparecen legislados en la ley general, sino con sus especificidades.”
Sin embargo, no se trata solo de un cambio en las reglas del oficio periodístico; es además un intento de limitar la libertad de expresión. Así lo advierte Benoit Drevet, corresponsal de los medios franceses La Croix y Ouest France y el belga Le Soir cuando le consultamos sobre su experiencia periodística en el país, “sí lo comparamos a las condiciones de los periodistas nativos, las condiciones para los extranjeros son un poco mejores ya que hay ciertos cuidados, para no generar escándalos o conflictos con otros países. Si bien no hay peligro, también es cierto que en las últimas elecciones legislativas desde el gobierno hubo una selección cuidadosa de los periodistas acreditados. De todos modos, aquí como en todo el mundo es necesario proteger el derecho a la información pública y por supuesto la libertad de prensa, porque si no hay libertad de prensa no hay derecho a la información, van de la mano.” El gobierno “anarcocapitalista” lo sabe. Comprende demasiado bien que el ejercicio del periodismo tiene otras reglas que las del mercado, y son las que intenta anular atacando el Estatuto.

La Reforma laboral llegó envuelta en promesas de modernización, impulsada por los avances tecnológicos que revolucionan el mundo del trabajo. Pero desde los colectivos de prensa lo tienen claro: “modernizar no es precarizar”. Por eso consultamos a Alejandro Bercovich, economista y periodista, hasta dónde hacía falta modernizar el Estatuto y nos contaba: “Por supuesto que todos los convenios y estatutos laborales son pasibles de modernizar, de mejorarse, pero en general esa palabra es un eufemismo que usan las empresas y los gobiernos para la precarización de nuestras condiciones de trabajo. La tarea en los medios se complejiza a partir de las nuevas tecnologías y también hay trabajos que cambiaron muchísimo y esto lo que requiere es justamente que se proteja y regule el trabajo con estas nuevas tecnologías. Lejos de hacer eso el proyecto que sometió la ultraderecha a votación en el Congreso y que está a punto de conseguir que se apruebe, lo que hace es derogar de la nada los estatutos y justamente evitar abordar la cuestión de las nuevas tecnologías y de todo lo que hace necesario modernizar los convenios.”

El gobierno, lejos de modernizar, quiere borrar derechos que los trabajadores conquistamos hace un siglo. No es un detalle menor: la precarización laboral es extensiva a todas las actividades y oficios: redactores y cronistas, reporteros gráficos, editorialistas, correctores, traductores, colaboradores permanentes. Es decir el conjunto de trabajadores que hacen posible el trabajo periodístico. Así lo marcaba Sebastián Lacunza, analista político y periodista: “Hay un punto válido en la necesidad de rediscutir un Estatuto como el actual, cuya inamovilidad parece una prenda a cambio de sueldos de convenio entre los más bajos del mundo laboral y una alta precarización. El Estatuto en su punto nodal encarece el despido, lo cual está justificado por la función de mitigar la censura y la autocensura, pero a la vez parece haber una especie de acuerdo implícito de que, como los sueldos son tan malos, se acepta el pluriempleo, la facturación en lugar del sueldo y el consecuente deterioro del derecho a la información.”

Otro de los puntos en la mira es la pérdida de la llamada “cláusula de conciencia”, incluida en el Estatuto hasta ahora vigente. Como advierte el periodista Alejandro Rebossio, “es grave porque deja expuesto a los periodistas ante los cambios de línea editorial de los medios, que podría condicionar lo que tiene que escribir. Y la verdad es que nadie debería estar obligado a escribir, producir videos o informar en contra de su pensamiento”. En palabras de Noelia Barral Grigera: “Hasta ahora teníamos la protección del Estatuto para que nuestro puesto de trabajo sea resguardado de censura, de presiones. Bueno, eso está por desaparecer. Y si ya no tenemos protección, la censura o presiones que ya existen pierden cualquier resorte con el que contábamos para intentar evitarlas. Ahora sí será el reino del más fuerte, la ley de la selva. No podes decir eso, no podes pensar eso, ¿por qué? Porque lo digo yo que tengo más plata y si lo decís te despido. Y encima te pago con los fondos de los jubilados del ANSES, un desastre.” Y no para ahí, agrega Bercovich: “Esto va a poner aprietos a todo aquel que quiera desafiar o pretenda, aunque sea correrse mínimamente de la línea editorial que fijan, obviamente, los dueños de los medios. Ese desafío siempre es difícil, a veces se puede construir una espalda para bancarlo, para llevarlo adelante pero va a ser absolutamente más complicado en un contexto en el que rajar a un periodista va a resultar mucho más barato. Ese es el principal anhelo de las patronales de la comunicación, que hoy ya tienen a los medios como un negocio lateral de lo que verdaderamente les importa, que son los servicios de telecomunicaciones.”

Es que se avecinan tiempos de mayor crisis social y económica y el gobierno y las patronales se alistan para controlar a los medios y la cobertura periodística. “Quieren impunidad total”, explicaba Lucho Aguilar, colega de La Izquierda Diario, “quienes fuimos delegados o participamos de conflictos de prensa, sabemos el odio de las empresas periodísticas a esa herramienta que permite poner ciertos límites a la prepotencia de los dueños de los medios y el propio Estado. Está claro que ninguna ley resuelve la disputa con los empresarios, ni la defensa del salario y las condiciones. El propio SiPreBA muestra anualmente cómo Clarín pero también Página 12 han logrado que la precarización, los salarios miserables y el pluriempleo, pero también las presiones y acoso, sean «noticia corriente» en las redacciones, radios y canales.” Y agrega que las empresas periodísticas “saben que es un obstáculo para sus planes, por eso quieren eliminarlo. La defensa del estatuto y sus principios solo puede venir de la unidad con el resto de la clase trabajadora para anular la ley y enfrentar la precarización”. Aguilar sostiene que «el estatuto también incomoda a las patronales porque establece cláusulas que protegen al trabajador desde el día uno, como el piso de indemnización y el régimen de vacaciones.»

El ataque a los derechos conquistados es un intento del gobierno en un patrón más amplio de disciplinamiento a la prensa, paralelo al que se vivencia con la persecución, amenazas y la represión a quienes a diario se la juegan transmitiendo e informando en las calles y en cada protesta. No por acaso acaban de estrenar la flamante Oficina de Respuesta Oficial, una cuenta “oficial” con ecos orwellianos en redes sociales que cuenta con el respaldo de la Rosada y tendrá por objetivo “desmentir activamente la mentira”, que podría funcionar en la práctica como el “brazo armado” de la retórica reaccionaria de la Casa Rosada. Un dispositivo diseñado para silenciar voces críticas, atacar a los medios y disciplinar y perseguir a quienes piensen distinto. “El ‘odio’ de Milei a la prensa —según su propia definición— tiene un correlato en la voluntad de anclar la comunicación en el territorio de las redes, con frecuencia vandálico y con prestidigitadores poderosos, que son casualmente aliados del gobierno. El Ejecutivo ultraderechista se siente muy cómodo en ese territorio, porque es incompatible con una prensa y periodistas libres y con recursos. Ello se complementa con pactos explícitos en las pantallas de grandes grupos de comunicación, señala Lacunza, “en ese marco, Milei se propone arrasar con el Estatuto, una de cuyas funciones es proteger a los periodistas de las represalias por motivos ideológicos o informativos. El Estatuto debe ser rediscutido, modificado y adaptado a la realidad del mercado laboral. Eliminarlo, sin ninguna discusión con los periodistas y otros actores vinculados al derecho a la información, es algo muy distinto y tiene otros fines.”

El ataque a la prensa por parte de este gobierno se ensaña, de manera particular, con quienes están en la primera línea de fuego: los trabajadores de prensa de calle. En el contexto de la derogación del estatuto, es imperativo recordar que han sido ellos quienes han sufrido la represión directa de las fuerzas de seguridad, soportando gases, balas de goma y amenazas con la única misión de informar, a quienes se ha intentado silenciar con la violencia ejercida en las calles.

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La derogación del Estatuto se suma a otras decisiones del gobierno, como el desvío y mayores fondos a la SIDE para blindar el relato oficial, financiando a influencers y operadores afines al Gobierno en los principales canales de TV y redes sociales y su contracara, el uso de fondos públicos para vigilar, señalar y disciplinar al periodismo. Una suerte de policía secreta como denunció el Frente de Izquierda, que puede detener personas y limitar la libertad de expresión y la disidencia.

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Hay que seguir la pelea

En el Senado los capítulos que derogan el Estatuto y de otras profesiones, el teletrabajo, el financiamiento del cine y tv pública, el oficialismo tuvo la votación más baja con 38 votos a favor, 31 en contra y 3 ausentes; en Diputados se repitió el escenario: apenas 126 a favor, 119 en contra y 4 abstenciones. La alquimia de acuerdos, favores y entregas dio un resultado más esquivo. Jesi Calcagno, periodista de La Izquierda Diario en el Congreso, destacaba que La Libertad Avanza perdió 9 votos respecto a la general: 6 fueron al negativo (3 Provincias Unidas, 1 Neuquén, 2 Innovación) y 3 a la abstención (1 Innovación, 1 Provincias Unidas, 1 ex UCR). Aparecieron dos ayudas más al gobierno: el mendocino Emir Félix de Unión por la Patria se retiró y fue su única ausencia en toda la sesión; y Lourdes Arrieta repitió su abstención. Ayudaron las ausencias de los tres cordobeses y el tucumano. Realmente estuvo muy cerca de caer. Una de las más defensoras de la eliminación del Estatuto del periodista fue Silvana Giudici, la ex PRO pintada de violeta, de estrechos vínculos con el Grupo Clarín. Sobre este punto Bercovich desnudaba que cuando termine de concentrarse la propiedad de los medios de comunicación en tan pocas manos como ocurre en otros países de la región, lo que vamos a ver es que la uniformidad de pensamiento será la regla y la pluralidad de fuentes informativas que debería garantizar el Estado seguramente se encuentre ausente o seriamente afectada.

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En el país donde gran parte de la prensa funciona como engranaje de las empresas periodísticas, fogoneando el periodismo de guerra contra los trabajadores y sectores populares y la información es el combustible para ponerlo en marcha, una vez más y con la urgencia del momento, hay que seguir la pelea por un periodismo dispuesto a dar batalla en defensa de la libertad de expresión, contra la censura y la precarización, en los medios, en las redes y en las calles y en la resistencia cotidiana. El gobierno viene avanzando en las Cámaras pero la Reforma pierde legitimidad social. La disputa en el Senado la semana próxima será una nueva oportunidad para enfrentar el proyecto del gobierno y seguir dando pasos para poner en movimiento la enorme fuerza social de los trabajadores para tirar abajo, más temprano que tarde, la Reforma esclavista.