En respuesta a un habeas corpus impulsado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Justicia dispuso el traslado de los presos condenados alojados en comisarías y alcaidías porteñas a unidades penitenciarias federales. La medida fue dispuesta luego del acuerdo al que llegaron el jefe de Gobierno Jorge Macri y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
La medida fue tomada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas N° 23, bajo la dirección del juez Norberto Circo, quien este viernes resolvió que los detenidos que cumplan con los requisitos para ingresar al sistema penitenciario federal sean reubicados en cárceles adecuadas para el cumplimiento de sus condenas.
Según el fallo, la decisión responde a la crisis de sobrepoblación en las dependencias policiales de la Ciudad de Buenos Aires, donde actualmente hay 2.455 personas detenidas. En este sentido, se destacó que las condiciones actuales vulneran la dignidad de los reclusos y deterioran el sistema de detención.
“Si bien toda persona que ingresa como detenido en el ámbito penitenciario/carcelario encuentra restringidos sus derechos en relación a aquellas que se hallan gozando de su libertad, ello no puede significar en ningún caso, la situación descrita en las presentes, bajo ningún propósito, la implementación de tratos o medidas que vulneren su dignidad, o importen tratos inhumanos o degradantes”, sostiene el fallo judicial.
El problema estructural
De acuerdo con la resolución, la medida afecta a 411 presos, de los cuales 347 están bajo la órbita de la justicia nacional, mientras que el resto corresponde a la justicia porteña (57), federal (5) y bonaerense (2). Del total, 181 ya cuentan con sentencia firme, mientras que los demás se encuentran en primera instancia.
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La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, tuvieron diferentes cruces por la fuga de los presos en CABA.
Diario AR
El fallo también subraya que la permanencia de los condenados en instalaciones policiales afecta el régimen progresivo de la pena y su objetivo resocializador, tal como establece la Ley de Ejecución Penal 24.660.
“La finalidad de la ley es el tránsito de la privación total a la restricción de la libertad, que comprende cuatro etapas sucesivas: observación, tratamiento, prueba y libertad condicional -art. 12 Ley 24.660-”, indica el documento judicial.
Y añade: “Esa debe ser la razón para imprimir a las disposiciones de la Ley 24.660, en orden a respetar la característica inherente de progresividad del régimen penitenciario, lo que no se cumple respecto de las personas condenadas por la justicia nacional, pues como ha quedado demostrado, 411 personas, se encuentran actualmente detenidas en el ámbito equivocado”.
La crisis carcelaria en la Ciudad de Buenos Aires
El fallo también reconoce que la acción de hábeas corpus es un recurso válido cuando se comprueba la vulneración de derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad.
“En virtud de lo expuesto, considero que existen fundamentos sólidos para abordar el presente caso como una acción colectiva, más allá de que cada detenido se encuentre bajo la jurisdicción de distintos magistrados. Asimismo, esta perspectiva permite garantizar una respuesta integral a la problemática planteada, asegurando la protección efectiva de los derechos de las personas privadas de libertad en la Ciudad de Buenos Aires”, se resalta en la resolución judicial.
A finales de enero, el Gobierno porteño divulgó estadísticas que reflejan la grave situación de hacinamiento en las comisarías, alcaidías y celdas modulares de la Ciudad. El problema se remonta a 2020, cuando el Gobierno nacional limitó los traslados de detenidos a cárceles federales. Como resultado, la cifra de reclusos en dependencias policiales pasó de 60 a más de 2.200 en la actualidad.
Si bien el Servicio Penitenciario Federal recibe aproximadamente 90 reclusos por semana, el panorama sigue siendo crítico. Según fuentes del ámbito penitenciario, “más del 90% de los detenidos en la Ciudad deberían estar ya en los diversos penales federales”.
La situación ha llevado al colapso de las 41 alcaidías y 37 comisarías porteñas, lo que obligó a implementar soluciones temporales, como la habilitación de cuatro alcaidías modulares en Villa Soldati, Chacarita, Barracas y Saavedra, cada una con capacidad para 80 personas.
La medida judicial busca aliviar esta crisis y garantizar condiciones dignas de detención para los reclusos, al tiempo que permite el cumplimiento efectivo de las normativas penitenciarias vigentes.