Después del 23 de marzo perderá vigencia la moratoria previsional e impactará en aquellas personas que alcanzaron la edad jubilatoria pero no reúnen los 30 años de aportes requeridos. Es por eso que, en la antesala de una nueva movilización en las inmediaciones del Congreso, diputados presentaron proyectos para extenderla.
En las últimas horas, confluyeron tres propuestas en ese sentido: dos del peronismo y una de la izquierda para prorrogar por dos años el Plan de Pago de Deuda Previsional. A su vez, existen otras dos iniciativas (de Innovación Federal y de Unión por la Patria) para modificar la Ley 19.032 (del PAMI) de forma tal de garantizar la gratuidad de medicamentos esenciales.
La convocatoria fue realizada por la tarde del martes para este miércoles 19 de marzo a las 19 horas, cuando se espera una nueva convocatoria alrededor del parlamento nacional. «No creo que la convoquen porque fue solicitada con menos de 24 horas», dijeron desde el radicalismo para Ámbito. «Se puede, hay muchos antecedentes. Nos la van a hacer difícil», indicaron desde el peronismo.
Por la mañana, se votará la aprobación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/25, que habilita al Poder Ejecutivo a contraer nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El oficialismo conseguiría la mayoría simple para la sesión.
Marcha de los jubilados: cómo prepara el Gobierno el nuevo operativo de seguridad
El Gobierno se enfrenta a una nueva jornada de protesta prevista para este miércoles en las inmediaciones del Congreso, día en el cual los jubilados concentrarán en reclamo de una recomposición de haberes. Desde la ciudad de Buenos Aires, señalaron que aportarán 900 efectivos policiales, además de 600 agentes de tránsito. En simultáneo, retirarán 350 contenedores para evitar su quema.
A diferencia de la ocasión anterior, en esta oportunidad hay diferencias en cómo se abordará el accionar policial y en la convocatoria que se espera en Balcarce 50. Luego de que hinchadas de clubes de fútbol se dieran cita en el último encuentro, esta vez serán las universidades públicas las que darán el presente en apoyo a la medida. En el Gobierno estiman que a dicho actor social, que realizó una de las movilizaciones más numerosas contra la gestión de Javier Milei, se sumen organizaciones y partidos políticos.
Represion Jubilados Hinchas Marcha Operativo Seguridad
El Gobierno se enfrenta a una nueva jornada de movilización.
Mariano Fuchila
Este martes se ultimaron los detalles para abordar el conflicto en una cumbre en Casa Rosada encabezada por el asesor presidencial Santiago Caputo, quien recibió en su despacho a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el titular de la SIDE, Sergio Neiffert, y su segundo, Diego Kravetz. Participaron también el secretario de Transporte, Franco Mogetta, y el vicejefe de Justicia, Sebastián Amerio.
En la mesa de trabajo conjunta se definió que el foco estará puesto en controlar los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, algo que -reconocieron en los despachos oficiales- no se hizo el miércoles pasado. En línea con esto, la idea de la cartera que conduce Bullrich es «acotar la movilización» sobre la plaza frente al Congreso y evitar desmanes así como también el avance de los manifestantes hacia Plaza de Mayo.
Fin de la moratoria previsional
Con el cierre de este sistema, quienes no cumplan con los requisitos podrán acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de la jubilación mínima.
La moratoria previsional vigente permitía a mujeres de 60 años o más y a hombres de 65 años o más regularizar sus aportes hasta el año 2008, descontando las cuotas directamente de su haber jubilatorio. Sin embargo, el gobierno de Javier Milei decidió no prorrogar esta modalidad, dejando como única alternativa para quienes no cumplan con los requisitos la PUAM.
Esta pensión, creada en 2016 bajo la Ley de Reparación Histórica, está destinada a adultos mayores sin acceso a una jubilación. Para acceder a ella es necesario:
- Tener 65 años o más (sin distinción de género).
- Ser argentino o haber residido en el país por al menos 10 años (para naturalizados) o 20 años (para extranjeros).
- No cobrar ninguna jubilación, pensión o seguro de desempleo.